La semana pasada el senador estadounidense Marco Rubio, mientras exponía el caso venezolano ante el Congreso, hizo una reflexión interesante: “¿Para qué sirve la OEA? ¿Por qué se sigue enviando dinero de los contribuyentes americanos a ese organismo?”. Las preguntas surgieron a propósito de la actuación del ente frente a la violencia que se registra desde febrero en la nación caribeña y que, hasta ahora, cobró la vida de 37 personas. Si bien el legislador puede tener sus propios intereses al realizar el cuestionamiento, no es menos cierto que tanto la OEA como la Unasur y la Celac, en la práctica, han jugado un rol poco activo o nulo en la resolución de conflictos políticos recientes en el continente. Inclusive, las decisiones de instancias adscritas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) parecen no tener efecto alguno en los Estados que, supuestamente, “deberían” acatar sus dictámenes. Caso reciente la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien a pesar de contar con medidas cautelares de la CIDH, fue removido de su cargo e inhabilitado políticamente.

Entonces, la pregunta del senador Rubio vuelve a surgir: ¿Para qué se necesita a la OEA? Cuando los ciudadanos son las víctimas de los abusos de los gobiernos, la velocidad paquidérmica conque se mueve el organismo es notoria. Por el contrario, cuando las “victimas” son las autoridades “elegidas democráticamente”, la maquinaria se convierte en un peso pluma. Llama reuniones extraordinarias para emitir comunicados en apoyo a los Poderes constitucionales y legítimos representantes del pueblo.

Las reglas de la OEA parecen claras: “los presidentes se pueden portar mal. Siempre podremos negociar en ese marco. Quienes se les oponen deben tener cuidado, porque atentan contra la leyes, la estabilidad y la voluntad del pueblo”. Por algo de un tiempo para acá no dudan en llamarla club de presidentes.

El veto a la diputada opositora María Corina Machado y la decisión de discutir “con total transparencia, en privado” el caso venezolano, solo ratifica el sinsentido en que se transformaron las instituciones regionales y particularmente la OEA.

He ahí la actuación de la Unión Europea en la crisis ucraniana. En el momento en que la situación se salió de control, los argumentos de la “soberanía nacional” y “la autodeterminación” fueron insostenibles ante la violencia y los muertos en las calles. Más de 70 personas perecieron antes de que el Viejo Continente emprendiera medidas. Es cierto, no fue rápido, pero al menos la indignación y el deber ser se impusieron. En Venezuela ¿qué espera el continente para actuar? ¿Qué la cifra de muertes alcance las de Ucrania? ¿O es que la cotización del barril de sangre está muy por debajo de la de petróleo? Si la OEA es un difunto –bien- está inhabilitada para accionar, pero que la “muerte” de esta instancia no sea la excusa para permitir que corra la sangre. El “deceso” de la troika de instituciones latinoamericana no tiene dolientes, los hombres y mujeres de Venezuela sí.

Oscar Zambrano Quiroz

 

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