El Reino Unido anuncia un cambio legislativo que permitirá imponer un impuesto del 25% a toda aquella empresa que se pueda interpretar que difiere beneficios a subsidiarias de otros países. El movimiento supone una respuesta a un problema claro: toda aquella compañía capaz de llevar a cabo operaciones de facturación cruzada entre subsidiarias de diversos países terminaba pudiendo poner en marcha mecanismos de optimización fiscal, perfectamente legales, que le permitían alcanzar tasas impositivas efectivas absolutamente ridículas.

El problema no es en absoluto exclusivo de las empresas tecnológicas: entre las mencionadas como usuarios habituales de esquemas bien conocidos como el double Irish o el Dutch sandwich, entre otros, se cuentan empresas como Amazon, Google o Facebook, pero también otras tan tradicionales como Starbucks, que venden simplemente café y servicios. En general, cualquier empresa con capacidad de abrir subsidiarias en varios países y cuya actividad le permita establecer precios de transferencia entre ellas puede llevar a cabo este tipo de prácticas de optimización fiscal.

No lo olvidemos: hablamos de esquemas estrictamente legales, que responden entre otras cosas a la existencia de estrategias impositivas en distintos territorios que forman parte de su estrategia como país. Para Irlanda, mantener un entorno fiscalmente ventajoso supone una manera clara de atraer una inversión que le ha permitido desarrollar todo un tejido industrial, de generación de empleo y de creación de startups que forma hoy en día una parte fundamental de su florecimiento económico. El anuncio de medidas por parte del estado irlandés que ponían fin al esquema del “double Irish” se llevó a cabo como resultado de una estrategia de presión por parte de la Unión Europea, y con unas moratorias que permiten, de facto, el uso por parte de nuevas empresas hasta el año 2015, y el mantenimiento de los beneficios por parte de las que ya lo usaban hasta el año 2020. Más allá del análisis populista de “qué malas son esas empresas”, tenemos que pensar en el papel de unos estados que, convencidos de los beneficios que tiene para su economía el que esas empresas se radiquen en su territorio, les ofrecen esas ventajas para que las utilicen como parte de un esquema completamente legal.

¿Cuál es el planteamiento del gobierno británico? Tal vez sea legal, pero yo quiero recaudar los impuestos correspondientes que de esta manera se me escapaban. Y la forma de hacerlo es tan sencilla como “si no me gusta la ley, voy y la cambio”. A partir de ahora, mediante mecanismos que serán anunciados el próximo día 10 de diciembre, estimará los beneficios que la actividad de una empresa genera en territorio británico, y en caso de estimar que está difiriendo beneficios hacia otros países con el fin de eludir impuestos, aplicará una tasa del 25%. Si el complejo entramado de la fiscalidad internacional permite ese tipo de prácticas, el planteamiento es ni más ni menos que resolverlo unilateralmente.

La solución obvia toda connotación persecutoria: a las alegaciones de que esto es la manifestación delúltimo episodio de “Europa contra la tecnología” que aparecen en medios como The Wall Street Journal se opone el hecho de que la medida afecta a todo tipo de empresas, no solo a las tecnológicas, y que además, un país tan lejano como Australia también está poniendo en marcha medidas similares: un estudio llevado a cabo por su gobierno demostró que una empresa como Apple, que había vendido 27 mil millones de dólares australianos en el período que iba desde 2002 hasta marzo de 2014, había pagado únicamente 193 millones a la hacienda del país, lo que suponía una tasa fiscal efectiva del 0.7%

En el fondo, una medida recaudatoria con sentido: una empresa que desarrolla su actividad en ese país consume recursos de ese país financiados con los impuestos de todos sus ciudadanos, y debe contribuir en la manera justa a la financiación de esos recursos. Sin embargo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no puede caerse en la mojigatería de culpar a las empresas por utilizar todos los mecanismos legales que estén a su alcance para optimizar su pago de impuestos, y mucho menos de pensar que este tema era intrínseco o exclusivo de las empresas tecnológicas: el sistema está diseñado así, los accionistas exigen que los beneficios sean optimizados con arreglo a todas las posibilidades existentes dentro de la legalidad, y si las leyes lo permiten, solo caben medidas como las tomadas por el Reino Unido: cambiar las leyes.

El blog de Enrique Dans
 

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